El Gobierno de Paraguay presentará siete leyes al Congreso para atraer inversiones y reformar el Estado

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El Gobierno de Paraguay enviará al Congreso Nacional un audaz conjunto de propuestas legislativas, conformado por siete proyectos de ley, con el objetivo de impulsar la economía, captar inversión privada y avanzar en la reforma estructural del sistema estatal. Estas iniciativas son parte de un plan trazado por el ejecutivo, cuyo fin es establecer un entorno más competitivo para el país y actualizar la administración pública.


El paquete legislativo tiene como metas primordiales el refuerzo de las instituciones, la agilización de los procedimientos administrativos, la formalización de diversos sectores industriales, y el establecimiento de un marco legal propicio para los inversores tanto nacionales como internacionales. Con esta iniciativa, el Ejecutivo intenta convertir a Paraguay en un destino llamativo en el contexto regional, aprovechando su estabilidad macroeconómica, bajos impuestos y posición geográfica estratégica.


Uno de los proyectos más destacados será el desarrollo de una ley innovadora para fomentar inversiones, que sustituirá el sistema vigente por procedimientos más eficientes y adecuados al entorno mundial. Esta reglamentación contará con ventajas fiscales, seguridad legal y pautas definidas para la intervención del capital privado en sectores esenciales como infraestructura, energía, logística y tecnología. El gobierno ha indicado que el objetivo es ofrecer mayor certidumbre y seguridad a los inversores.

Asimismo, se propone una ley de reforma del servicio civil, con el objetivo de profesionalizar la administración pública. La iniciativa contempla la implementación de concursos de mérito, evaluación de desempeño, capacitación continua y eliminación de prácticas clientelares en la contratación estatal. Esta medida busca mejorar la eficiencia del Estado y su capacidad para ejecutar políticas públicas con mayor calidad.

Otro de los planes se enfoca en simplificar los procesos administrativos a través de la digitalización de trámites y la interoperabilidad entre diferentes entidades. Con esto se busca disminuir la burocracia y hacer más sencilla la actividad empresarial, junto con los servicios para los ciudadanos. Además, se implementará una legislación para reforzar la seguridad jurídica en los contratos del sector público, especialmente en las asociaciones público-privadas (APP), donde se planea una revisión del marco regulatorio existente para que sea más atractivo y seguro.

El paquete se completa con propuestas para reformar el sistema de compras públicas, actualizar la normativa aduanera y modernizar el régimen de zonas francas. Cada uno de estos proyectos será presentado de manera escalonada al Congreso, aunque el Ejecutivo ha solicitado a los legisladores darles tratamiento prioritario, destacando que su aprobación podría traducirse en una mejora significativa de la competitividad del país y en la generación de empleos.

Desde el ámbito corporativo, ciertos grupos han observado con interés las iniciativas, al considerar que podrían resolver problemas estructurales que tradicionalmente han restringido el crecimiento de las inversiones privadas. Sin embargo, también se han formulado exigencias para asegurar que las reformas se lleven a cabo de manera transparente y que las ventajas no se concentren exclusivamente en las principales unidades económicas.

A nivel político, el conjunto de leyes podría presentar un reto, ya que necesita el apoyo de sectores opositores y de grupos independientes para asegurar mayoría en ambas cámaras. El gobierno ha expresado su voluntad para dialogar e incorporar mejoras en los proyectos, siempre que se conserve el núcleo esencial de la reforma.

Paraguay está actualmente ante el desafío de diversificar su economía, consolidar sus instituciones y crear empleos formales en un ambiente de creciente competencia regional para captar inversiones. En ese contexto, la aprobación de este conjunto de leyes podría ser una oportunidad para establecer las bases de un desarrollo más justo y sostenible.

El Ejecutivo ha insistido en que las reformas no son improvisadas, sino parte de una estrategia nacional diseñada para transformar al país en una economía más moderna, inclusiva y preparada para los desafíos del siglo XXI. La discusión legislativa que se abre en los próximos meses será determinante para el rumbo político y económico que Paraguay adopte en los años venideros.

Por Hilda Loaiza

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